Salvavidas de plomo – Los préstamos son impagables para los jubilados e insuficientes para la ANSE

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Por Hugo de Torres – “El gobierno, en retirada, se prepara para lanzar esta bomba atómica financiara,  otra más, sobre la totalidad del pueblo. Por un lado, embarcan a los jubilados en una deuda impagable; mientras, por el otro, desfinancian el FGS que concentra el ahorro de todos los trabajadores”.

Entre los múltiples anuncios que, con un video “casero” y deliberadamente deslucido del presidente; y una posterior conferencia de prensa con cara de tristeza de tres de sus más importantes ministros,  con el objeto de mover la aguja electoral y tratar de contener la crisis (de imagen, claro está, ya que la económica resulta incontenible),  el gobierno ensayó, el miércoles último, algunas políticas públicas en su mayoría inaplicables por múltiples motivos, pero esencialmente porque son contrarias y aborrecibles para el elenco neoliberal que se apoderó del poder ejecutivo del país y también para su base electoral, sin considerar las imposibilidades materiales que serían objeto de otro análisis.

Sin embargo, hay otras que resultan alarmantes porque están destinadas a un colectivo fuertemente vulnerable de la población, e inerme, frente a las reiteradas agresiones que viene sufriendo del gobierno, y que son alentadas por su nuevo jefe, el FMI. Se trata especialmente de los jubilados que, al igual que los beneficiarios de asignaciones sociales y Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a créditos con su tarjeta social, con un interés que va desde el 44 hasta el 50 % anual. Se trata, en realidad de un re-endeudamiento, ya que la mayoría de los jubilados ya recibió préstamos que todavía no puede pagar, al que debe sumar el lastre de nuevos compromisos que servirán para pagar tarifas de servicios, deuda y, eventualmente, comprar alimentos.

Los préstamos alcanzarán unos 3.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, otra de las víctimas predilectas de los CEOS gobernantes y su amiga C. Lagarde, quienes, en última instancia, preparan el regreso de la Argentina a las temidas Administradoras de fondos de pensión.

Los intereses de estos préstamos, que el gobierno apuesta a que puedan provocar una sensación de corto bienestar para los jubilados en un año electoral, resultan evidente y absolutamente asfixiantes para la mayoría, cuyo salario mínimo orilla los 10.000 pesos por mes, ya comprometidos por deudas que arrancaron en el año 2012 con la implementación de la tarjeta Argenta.

Pero, otro aspecto igualmente grave y que afecta a jubilados y a todos los trabajadores del país, es que ese mismo interés que agobia a los jubilados, resulta insuficiente para la recapitalización del FGS, en un escenario en el que el gobierno ofrece una tasa superior al 70% para intentar poner freno al dólar. De manera que el gobierno, en retirada, se prepara para lanzar esta bomba atómica financiara,  otra más, sobre la totalidad del pueblo. Por un lado, embarcan a los jubilados en una deuda impagable; mientras, por el otro, desfinancian el FGS que concentra el ahorro de todos los trabajadores.

La medida, no solo revela la absoluta incapacidad del gobierno para recuperar la iniciativa frente a un mercado que lo anticipa permanentemente, sino también el nivel de irresponsabilidad con que intenta permanecer vivo hasta las elecciones del 27 de octubre, fecha del fin del mundo para Cambiemos.

A solo nueve días del lanzamiento del sistema, la ANSES ya otorgó 700 mil créditos, en su mayoría a beneficiarios de la AUH, mientras que ya hay asignados unos 270 mil turnos a jubilados para los próximos días.

Imaginemos por un momento que un jubilado que percibe la Prestación Universal para el adulto mayor (PUAM) establecida por la ley de Reparación Histórica para aquellos que no alcanzaron los 30 años de aportes, y que hoy cobran $ 8.328,29, es decir, un 80% del salario mínimo, se viera obligado a refinanciar su deuda con la ANSES por préstamos solicitados con anterioridad; que, además, hubiera comprado una heladera a través del programa Ahora 12 que ya no tiene cuotas fijas y se actualiza por la inflación, superior, siempre, a la actualización de su salario. Supongamos, también que, durante los próximos 4 meses pagará el gas más barato por el diferimiento del pago total, establecido por el gobierno desde junio. Ahora, imaginemos qué pasará con este adulto mayor en el mes de diciembre, tras soportar, si lo hace, un año con un promedio de inflación mensual del 4% y con una creciente devaluación del peso que se trasladará inevitablemente al precio de los alimentos y medicamentos, principales insumos de su canasta básica.

La cruda realidad es que el gobierno, en la disyuntiva de proteger a los ciudadanos y emprender una nueva lucha por conservar el poder, eligió la segunda opción, sin importar aplastar a la porción más vulnerable de la población, y comprendiendo cabalmente las palabras de la Jefa Christine Lagarde: las personas viven mucho y ese es un problema que hay que resolver.

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