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A horas de presentarse por octava vez el proyecto de interrupción legal del embarazo, el Consejo Médico de La Rioja difundió una “estadística” que revela que el 95% de las y los matriculados son objetores de conciencia. Varixs profesionales salieron a retrucarlos: “a mi nunca me consultaron”. Por Antonella Sanchez Maltese

“Soy médica y debo pagar obligatoriamente una cuota arbitraria a un ente privado como el Consejo Médico de La Rioja para la matrícula, sin embargo, la institución NO me consultó sobre mi posición sobre el aborto”, dijo una médica a poco de conocerse la “estadística” difundida por integrantes del Consejo.

“Esto invalida cualquier muestra sería en investigación. Por otra parte, los “grupos reducidos” somos sujetos de derechos. Habrá que contarles a los especialistas médicos…”, completó indignada la misma médica sobre lo difundido por el organismo encargado de otorgar certificado de especialidad y de ética, pero que nada tiene que ver con el registro de la voluntad de lxs profesionales a la hora de hacer las prácticas de aborto. La objeción de conciencia, un derecho constitucional que le asiste a cualquier profesional, debe realizarse ante las autoridades del centro médico donde se desempeñan. Con este accionar de nuevo asistimos a instituciones de La Rioja que poco intervienen en las problemáticas de las que verdaderamente deben ocuparse, y con la seriedad que requieren.

La Rioja es la provincia del absurdo, donde un gobernador y un Concejo Deliberante creyeron que podían declarar “provida” a toda una comunidad. Sí, a toda.

El debate que vivió nuestro país sobre la despenalización y legalización del aborto en el 2018, cuando el Congreso trató en Diputados y Senadores el proyecto, desnudó muchos de esos absurdos y su consecuente gravedad. Entre ellos que un anestesista podía amenazar públicamente con torturar a una mujer que pretendía abortar, que un ginecólogo y docente de la universidad pública se creía dueño de un hospital y un servicio, que el sistema de salud ni siquiera garantiza las interrupciones de embarazo que están garantizadas por la ley, y que las autoridades sanitarias riojanas nunca hicieron nada por corregir o penalizar todo lo antes mencionado.

La Rioja encabeza el ranking de provincias con la tasa más alta de embarazo no intencional en la adolescencia: casi ocho de cada 10 chicas menores de 20 años que son madres cada año, declararon no haber buscado ni deseado ese embarazo, según los registros del Sistema Informativo Perinatal. Es decir, apenas el 20 por ciento dice en el post parto que sí, que planificó tener ese bebé.

Muchxs nos preguntamos durante el debate del 2018 por qué fracasaron las políticas públicas de prevención de los embarazos no intencionales en la provincia. Casi un año después, cuando el tema vuelve a estar en agenda por la presentación del proyecto en el Congreso, seguimos sin saber qué hicieron las autoridades provinciales para reducir las cifras de los nacimientos que corresponden a madres adolescentes o niñas.

A casi un año de la votación en Diputados y Senadores, tampoco conocimos públicamente (como sí sus posturas antiderechos), qué acciones concretas, proyectos, propuestas, realizaron lxs diputados nacionales Danilo Flores, Karina Molina y Julio Sahad, o lxs senadorxs Julio Martínez, Carlos Menem e Inés Brizuela y Doria que votaron en contra, para ocuparse de la problemática en La Rioja o el país.

¿Analizaron detenidamente estos legisladores y legisladoras las estadísticas que tenemos en la provincia? ¿Hicieron algo por la morbilidad materna, por el negocio del aborto clandestino, por la falta de cumplimiento del protocolo de aborto no punible en los hospitales locales, donde quedó demostrado que las autoridades las obstaculizan sistemáticamente?

A poco de entrar nuevamente en el debate del proyecto de ley, la pregunta sería ¿quién controla el cumplimento de las responsabilidades institucionales de la provincia? Un Ministerio de Salud que no garantiza el cumplimento efectivo del protocolo de ILE en el Hospital de la Madre y el Niño; un Consejo Médico que elabora estadísticas (sin ser esa su función) pero con una muestra que, curiosamente, no toma en cuenta a los y las médicas que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo; representantes del pueblo ante el Congreso Nacional que se oponen a medidas para solucionar un problema de salud pública, pero no proponen otras políticas.

Y un hecho aún más grave y preocupante, es que representantes del mismo Consejo Médico de La Rioja hagan apología del delito (penado por el Código Penal desde 1921) al convocar una marcha en apoyo al ginecólogo rionegrino Leandro Rodríguez Lastra, recientemente condenado por la justicia tras oponerse a realizar un aborto por causal violación a una joven de 19 años.

Después de un debate tan intenso como que el que vivió nuestro país durante el 2018, necesitamos instituciones y representantes que estén a la altura de las demandas y necesidades sociales.

Al conocer las supuestas estadísticas del Consejo Médico de La Rioja recordé aquel discurso público del ex presidente radical Raúl Alfonsín: “un médico a la izquierda por favor”. Sí, médicos y médicas progresistas que garanticen derechos por favor.

 

Fuente: Enfoque Directo