
Se cumplieron dos años del asesinato de Emanuel Garay y el juicio para condenar a los responsables aún no tiene fecha. Este miércoles 5 de febrero, familiares, amigos y militantes de DDHH se reunieron en la Plaza 25 de Mayo, para recordar y reclamar más celeridad a la Justicia. AUDIO Testimonio Adrian Garay – Entrevista de Walter Salas
A Emanuel Garay le quitaron la vida en la escuela de Cadetes de la provincia, en el marco de lo que fue una práctica física de ingreso abusiva. Varios de sus compañeros aspirantes a policías, cargan con las secuelas de lo que sufrieron ese día.
A dos años de esto, su familia lo recuerda y pide justicia; pide cárcel común para quienes fueron los responsables directos de haber sometido a Emanuel y sus compañeros a una cruel tortura disfrazada de prueba de ingreso al Instituto. La brutalidad de lxs instructores que les ordenaron a los aspirantes hacer ejercicios inhumanos en plena siesta y bajo el sol, con cuarenta grados de calor y sin permitirles tomar agua, atentó contra la vida de todxs y pero finalmente se cobró la vida de Emanuel.
Para Adrian Garay, uno de sus hermanos, presente hoy en la Plaza 25 de Mayo; las pruebas ingresadas en el expediente son abundantes y contundentes. La carátula con la que finalmente se elevó a juicio la causa contra lxs ocho responsables inmediatos; es la de homicidio doblemente calificado por ensañamiento, abuso de autoridad, falta a los deberes de funcionario público, abuso en el cargo de funcionarios policial y lesiones doblemente calificadas; dado el daño físico que le provocaron a sus compañerxs, algunxs de los cuales aún sufren las secuelas de ese día.
De los ocho imputados que tiene la causa, solo uno permanece en libertad. Según la familia Garay y su abogado querellante, la defensa de los acusados solo ha realizado presentaciones destinadas a dilatar el proceso y a desacreditar las acusaciones. La fecha para el inicio del juicio había sido decidida para el próximo 28 de febrero, pero desde la Justicia ya desestimaron esa fecha. La razón esgrimida es que uno de los integrantes del Tribunal designado, aún estaría de vacaciones para ese día.
Hace dos años, la muerte de Emanuel provocó un estallido de dolor y de bronca de familiares y amigos; y esto se trasladó con mucha fuerza a la opinión pública en general. El hecho fue noticia a nivel nacional y comprometió la estabilidad política del gobierno de Sergio Casas, quien decidió desplazar al director de la escuela, al Jefe de la Policía y al propio Secretario de seguridad.
Las prácticas abusivas en la escuela de cadetes no eran algo nuevo. Había fuertes denuncias contra la institución formadora de policías, algunas involucraban a altos funcionarios. En este caso, mas allá del desplazamiento de la cúpula realizada por el gobierno en su momento, la causa no los cuenta como imputados; aunque desde la familia no descartan la posibilidad de que empezado el proceso, la Justicia decida avanzar sobre estos.
Pero más allá de lo que se tramita en lo Penal, la muerte de Emanuel conmovió a tal punto a la sociedad, que puso sobre el tapete la crueldad que impera en la formación del personal de seguridad, y para transformar esto es necesario avanzar en lo político.
El nivel de conciencia de su familia, incluso la del padre de Emanuel, Don Roque Garay; un ex policía condecorado por sus aportes a la comunidad, direccionó el reclamo en un sentido propositivo. Pedían y siguen pidiendo, junto a los organismo de DDHH que los acompañaron: “ni un pibe más asesinado por intentar ser policía” y esto algo está cambiando. Es más, algo ya cambió. Al poco tiempo el Gobierno de La Rioja decidió sacar del ámbito de la Secretaría de Seguridad la escuela de cadetes y pasarla a la órbita del Ministerio de Educación. Según comenta Adrian, hoy la institución ya es otra cosa, pero hasta que no se dicte sentencia sobre los responsables no habrá justicia para Emanuel.
Redación El Tala