Erradicar prácticas de violencia arraigadas en la cultura policial

Ante el femicidio ocurrido en el día de ayer, la Ministra de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos enumeró acciones para erradicar prácticas violentas dentro de las instituciones de seguridad.

El caso de Noelia Albornoz no es el primer Femicidio efectuado por un Efectivo de la Fuerza Policial. 

Miguel Ángel Ortíz usó su arma reglamentaria para matar a Romina Ríos. Heber Gómez, en el 2018, también usó su arma reglamentaria para matar a su pareja Jessica Oviedo ante la mirada de sus hijos y luego se quitó la vida. Y ahora, Marcos Suasnada, en casi idéntico escenario, también hizo uso de su arma reglamentaria para matar a Noelia Albornóz, quien fue su pareja y madre de sus hijos; luego se suicidó.

¿Qué pasa con la policía? ¿Por qué no hay una profunda reestructuración desde la cúpula hasta los cadetes en formación?

“Es lamentable el número de muertes y lesiones que involucran a funcionarios y funcionarias policiales. Y el camino marca una serie de reestructuraciones, con el fin de erradicar prácticas de violencia largamente arraigadas en la cultura policial.” Expresó la Ministra Gabriela Asís en un comunicado publicado en sus redes sociales. Allí enumeró 4 acciones concretas:

En primer lugar mencionó que se nombraría un nuevo Rector del Instituto de Formación en Seguridad Pública, para iniciar el proceso de una escuela 2021 acorde al plan de seguridad. Lo cual, según ella misma explica “significa nuevos requisitos físicos y psíquicos de ingreso, para terminar con los llamados de recomendación”.

Consecutivamente, explicó que contará con la colaboración de la Secretaría de la Mujer y Diversidad para capacitar a sumariantes de toda la Provincia y avanzar con las investigaciones judiciales y administrativas de los casos que involucren a efectivos policiales.

Además, aprovechó para mencionar que desde Octubre de 2020, dentro del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, se inauguraron oficinas para la recepción de denuncias sobre situaciones de violencias de género.

Por último, Asís, anticipó instruir a los mandos jerárquicos de las fuerzas, para revisar las políticas sobre la portación de armas fuera del horario de trabajo de los efectivos. 

Tras tantos femicidios consumados por policías, no hay lugar a ensayo error; sino la reestructuración profunda y real de las Instituciones donde prevalece la cultura machista y de impunidad. 

En un estudio realizado por Sirimarco sobre la construcción del sujeto policial muestra cómo se producen y enaltecen las masculinidades en las escuelas de ingreso a la carrera policial y se busca convertir a los sujetos civiles en sujetos institucionales y masculinos. Las humillaciones y degradaciones sufridas por los ingresantes son prácticas generalizadas que buscan despojar a los futuros policías de su “civilidad”, considerada débil y femenina. La masculinización obligatoria no debe entenderse como una norma exclusiva para los hombres, también se aspira a masculinizar a las mujeres, que deben despojarse de su civilidad y de su feminidad, aspecto que las volvería débiles y controlables. Entendiendo también que el patriarcado como matriz social y cultural subordina lo femenino y enaltece lo masculino atravesando todas las instituciones sociales.

Los reglamentos y las normativas policiales no cuentan con definiciones precisas sobre el uso del arma reglamentaria fuera de servicio. La falta de reglamentación es, en parte, causa de las múltiples ocasiones en las que los agentes actúan según sus propios y subjetivos ideales en torno a cómo debiera proceder un policía, dicho de una manera blanda. Por su parte, el Artículo 98 de la Ley Orgánica de la Policía Federal establece que “el empleo de los medios de coerción estará condicionado a las circunstancias particulares de cada caso y en la medida indispensable para asegurar el cumplimiento de la ley”. Es decir que no establece criterios comunes, sino que de manera imprecisa se autoriza al uso de la fuerza, atendiendo a “circunstancias particulares” cuyos requisitos no se definen.

Esas circunstancias particulares dejan un vacío, dando lugar al gatillo fácil, a la reacción violenta e incluso a situaciones de violencia de género, intentos de femicidios y femicidios consumados. Por lo tanto, si el “Estado Policial” permite que los agentes policiales incorporen la costumbre de utilizar el arma reglamentaria fuera de servicio, no llama la atención que los policías hayan hecho uso de las mismas en los femicidios relevados. 

Miguel Ángel Ortíz, Heber Gómez y Marcos Suasnada usaron sus armas reglamentarias para matar a Romina Ríos, Jessica Oviedo y Noelia Albornóz, siendo estas últimas dos, integrantes de las fuerzas de seguridad.

Es claro que la violencia de género y el machismo exceden a la institución policial, pero resulta necesario tener en cuenta que, en estos casos, esa violencia se conjuga con la construcción de funcionarios masculinizados y dominantes y con el uso irrestricto y permisivo del arma reglamentaria.

Está a la vista el peligro al que son expuestas las mujeres a partir de la conjunción de la violencia de género y la violencia policial. Los femicidios cometidos por los funcionarios de fuerzas de seguridad pueden caracterizarse como el resultado del uso particular de la fuerza en conflictos personales que no están relacionados con su función, en los que los agentes defienden intereses particulares, haciendo uso de habilidades y armas que su profesión les otorga.

Por lo tanto, se precisan políticas específicas y claras que aboguen por erradicar el uso particular de la fuerza por parte de los funcionarios policiales. Ciertamente esto implicará debatir sobre la criminalidad y el supuesto rol protector que las fuerzas de seguridad desempeñan en la sociedad riojana y en la sociedad argentina.

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