Justicia social es poder decidir

“Por primera vez dejamos de pedir justificaciones a esas personas que recurrían a nosotros buscando un aborto seguro” expresó Estefanía Cioffies, médica, militante feminista y perteneciente a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir que recetó de puño y letra misoprostol para las primeras IVE, amparada por la ley 27.610.

Esta semana, Cioffi y sus compañeros de trabajo comenzaron a sentir ese cambio de paradigma, aunque tienen en cuenta que se trata de un proceso que recién inició y para el cual el sistema de salud público debe estar bien preparado, amparado por la ley pero también acompañado por un Estado que asegure la disponibilidad de recursos, principalmente del misoprostol. Otro rol fundamental, de acuerdo a la médica, jugará el movimiento feminista y organizaciones como la Red, que ahora tendrán como tarea actuar como “observadores” de ese proceso, testigos de la aplicación de la ley y constructores de puentes para territorializar las prácticas.

Cioffi contó que ahora las personas gestantes que se acercan al centro, lo hacen “más fortalecidas”, a pesar de que el lugar estuvo comprometido desde un principio con la difusión de información sobre las ILEs. Transmiten esa confianza porque saben que lo que están haciendo “está en el marco de la ley” y que nadie las va a juzgar por su decisión. Así fue como una persona gestante, después de que se le informaran todas sus opciones, optó por suspender su embarazo de forma segura bajo el asesoramiento de la médica. 

Es conmovedor saber que nos venimos organizando hace muchos años para este momento, que fuimos cambiando paradigmas a medida que avanzamos, desde la garantía de las ILEs hasta esto”, celebró Cioffi. No obstante, resaltó que “resta mucho para hacer colectivamente, porque hay que tener en cuenta que la realidad no es la misma en todas las ciudades y provincias”.

En el hospital en el que ella trabaja, y a pesar de que siempre se optó por el acompañamiento interdisciplinario con perspectiva de reducción de riesgos y daños ante abortos inseguros, la situación cambió desde diciembre, con la sanción del proyecto de legalización que impulsó el Poder Ejecutivo. Desde ese momento, se empezaron a conformar los equipos para que se garanticen las IVEs. “Antes muchos profesionales no se sentían acompañados, pero el marco legal ahora trae claridad. Nos da otra tranquilidad”, explicó. 

El debate en el Congreso, tanto el de este año como el de 2018, fue muy importante para la Red porque los miembros de la organización, que acompañan desde el 2014 a las mujeres y personas con capacidad de gestar, vivieron una “salida del clóset masiva”. “Pudimos decir contás con nosotres”, graficó la médica.

Mientras los detractores de la IVE se enfocaban en la supuesta imposibilidad de tratar el proyecto en medio de la pandemia, ante un sistema de salud exigido, los efectores de salud que integran la Red dieron su punto de vista, desde los hospitales. “Somos quienes les ponemos el cuerpo a la pandemia, sabemos lo que es una urgencia y por eso dijimos que la IVE lo es, sobre todo en un momento en que el acceso a derechos se ve restringido”, resaltó Cioffi, que hoy celebra que el aborto sea legal. 

La necesidad de territorializar las prácticas de IVEs 

La Red intentó garantizar las ILEs estos últimos años en aquellos Estados provinciales y municipales que obstaculizaban su práctica, por fuera de la ley. Según la médica que integra la organización, ahora se deberá hacer eso mismo con las IVEs: «Exigimos que los Estados nacionales, provinciales y municipales tengan la decision política de que este proceso se vuelva realidad». 

La legalización del aborto, según Cioffi, tiene que estar acompañada por «la mano del Estado». «Necesitamos capacitación de forma urgente para los efectores de salud, nosotros estamos brindando información en todo el país pero se necesita que llegue a todos lados, sobre todo, garantizar los insumos», remarcó. 

El misoprostol es un elemental para la práctica de IVEs, pero es fundamental que sea gratuito, dado que un tratamiento completo de interrupción del embarazo cuesta entre 6 mil y 7 mil pesos. En ese sentido, la ley aclara que las obras sociales y prepagas estarán obligadas a incluirlo en el Programa Médico Obligatorio. Además, señala que prestadores y provincias objetoras deberán garantizar servicios de salud sexual reproductiva y no reproductiva de calidad, con perspectiva de géneros y para todes.

Misoprostol para todes, pero también mifepristona

Cioffi suma la necesidad de que se apruebe en el país el uso de la mifepristona, una droga que «hace que el aborto sea de mucha mejor calidad». «El misoprostol tiene un porcentaje del 89 por ciento, que combinado con la mifepristona llega a un 97, 98 por ciento y además disminuye los efectos adversos, malestares de la interrupcion, dolor, y cantidad de sangrado», resaltó la médica, quien indicó que es fundamental que «lo produzcamos en Argentina y que esté disponible». 

La integrante de la Red explicó que en el centro de salud el acompañamiento en la IVE es constante. Hasta la semana 13 inclusive se realiza con pastillas, bajo supervisión integral y con un seguimiento constante, aunque sin internación. También se lleva adelante el tratamiento conocido como AMEU (aspiración manual endouterina) en los casos que sean necesarios, pero estas pacientes deben quedar internadas para un mayor control. 

«Necesitamos un mayor acceso a la AMEU, que hoy se toma como segunda opción y no como elección, porque en algunos lugares se siguen realizando intervenciones inadecuadas, como el legrado que la OMS ya dejó de recomendar hace años, Por eso, necesitamos que los profesionales sean capacitados y tengan las herramientas para poder garantizarlo», destacó. 

Indicó que para que eso suceda «las organizaciones tienen por delante una tarea importante, que es ser pbservadoras de la aplicacion de la ley y territorializar nuestras prácticas, acompañar, ser puente entre las personas y los efecetores del salud». 

Fuente: Página12

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