La vida y la salud son los bienes superiores que deben preservarse y privilegiarse

Por la Dra.  Marta Salinas – La pandemia causada por el Covid-19 impone prioridades para preservar la vida y la salud pública. El Presidente de la República ha emitido,  desde el comienzo de la pandemia, decretos por razones de necesidad y urgencia  implementando las políticas sanitarias, que conjuntamente con las de educación, producción, economía y seguridad, adquieren jerarquía prioritaria.

Todas las decisiones del Presidente de la República para enfrentar la pandemia, que asola al país, son de naturaleza federal, la materia de las determinaciones presidenciales son “Derecho federal”. Hay ámbitos “concurrentes” en las políticas de salud y educación entre el Estado federal y los Estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, pero la primacía del “Derecho federal” se impone cuando las políticas públicas en materia de salud y educación se dirigen a proteger y desarrollar el “bienestar general” de todo el pueblo argentino.

En consecuencia, la limitación temporal dispuesta por el Presidente de la República debe ser obedecida por los gobernadores de Provincia y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos son “agentes naturales del Gobierno federal” (artículo 128 de la Constitución) para hacer cumplir “la Constitución” y el “Derecho federal”. El concepto de Juan Bautista Alberdi en 1852 y de sus “Bases” que fue incorporado a la Constitución Nacional.

El reciente DNU 241/2021, en su artículo 2, dispone la suspensión del dictado de clases presenciales desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se tratad de una suspensión transitoria, fundada y breve. Es una política pública, además, que se dicta en plena consonancia con la protección de la salud y de la educación que debe realizar el Presidente de la República. No supone una lesión a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en la inteligencia de que el objeto de la medida se encuentra en las atribuciones políticas del Presidente y es obligación del Jefe de Gobierno de la Ciudad cumplirla,  como agente natural del Gobierno federal.

El abuso en los múltiples reclamos jurisdiccionales dirigidos a desconocer las políticas nacionales sanitarias, con el pretexto de cercenamiento de derechos individuales,  genera una politización de la justicia y puede conducir a un perjuicio en la efectividad de los objetivos de prevenir y detener la propagación de la pandemia. La promoción de demandas sobre leyes del Congreso o políticas del Ejecutivo —en otras palabras, la judicialización de la política del Estado— constituye un perjuicio al bien común.

Así, como bien ha señalado autorizada doctrina en el siglo XX, corresponde distinguir entre conflictos jurídicos y “conflictos políticos en sentido estricto”. En los primeros, las partes fundamentan sus postulados en el Derecho constitucional escrito; en los segundos, al menos una de las partes basa su postura no en el Derecho positivo, sino en otros principios, o en principios que actúan valores o prioridades políticas, de oportunidad, conveniencia o promoción social. La justicia no debe ser el árbitro de las contiendas políticas en sentido estricto. La política, priorizando el bien común y el interés prioritario social, debe solucionarlos.

Cumplir con las disposiciones sanitarias es cuidarse y cuidar a los demás. Hagamos nuestro aporte al bien común con responsabilidad, solidaridad y conciencia personal, social y colectiva. Por y para el bien de todxs. Que así sea.-

Dra. Isabel Marta Salinas. La Rioja, 18 de abril de 2021.-

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