Los servicios públicos deben ser concebidos y defendidos como un Derecho Humano

El tarifazo fue una decisión absolutamente política tomada por un Estado nacional que benefició a amigos empresarios y los hizo más ricos de lo que eran a costa de mucho sufrimiento. Un 16 de diciembre pero de 2019, Ricardo Quintela comenzaba un camino de resignificación de las demandas sociales, suspendiendo los cortes de Luz y estableciendo tarifas diferenciadas, pero será responsabilidad de todxs consolidar una conciencia que impida que la historia se repita.  

Analizar los tarifazos obliga a contextualizar y tener una mirada histórica y de construcción de sentidos. En 2015 Macri declarar una emergencia energética ficticia  a través de un DNU que en su artículo 2° afirmaba la decisión de “renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en su Artículo 8°, que tengan por objeto la prestación de servicios públicos.”  

Se ponía en marcha el tarifazo más cruel del que tiene memoria el pueblo argentino, y me animo al uso de adjetivos enfáticos para que se pueda dimensionar, por lo menos desde lo discursivo, el daño que hizo en términos individuales y colectivos la decisión política de transferir recursos desde los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía, o sea de pobres y clase media a ricos millonarios, a través de las boletas de luz, gas natural, agua, sobreprecio de la garrafa, aumento del transporte público, de los peajes.  

EL TARIFAZO FUE EN TODO EL PAIS, lo padeció la familia trabajadora de La Rioja como el obrero de Chubut, como la docente de Buenos Aires. Recrudeció en el sector comercial e industrial que venían soportando también la apertura indiscriminada de importaciones y la disminución del consumo. Facturas de deudas acumuladas por millones de pesos a cooperativas que tuvieron que judicializar el tema pero aún así no han sido condonadas esas deudas.  Un caso emblemático ha sido la cooperativa CUEROFLEX pero como esa experiencia hubo muchas a lo largo de todo el país. Todas las estructuras de costos tanto de las pequeñas economías familiares como de las medianas economías fueron atacadas.

La respuesta de la ciudadanía fue desde el reclamo público autoconvocado hasta planteos más organizados; desde presentaciones judiciales colectivas a amparos individuales; en el camino un juez que se animó a elevar la causa por el tarifazo de energía fue enjuiciado y desplazado, el juez de primera instancia Luís Arias de La Plata. A pesar de las presiones ejercidas, el tema a la Corte Suprema que tuvo que declarar a la energía como servicio esencial para una vida digna, un pequeño triunfo que no terminó de resolver la cuestión de fondo que era el tarifazo que nunca dejó de llegar mientras duraron los 4 años del gobierno de Cambiemos.

El tarifazo fue una decisión absolutamente política tomada por un Estado que benefició a amigos empresarios y los hizo más ricos de lo que eran a costa de mucho sufrimiento.

La imputación a Juan José Aranguren, el ministro de energía y arquitecto del tarifazo llega como un respiro de justicia después de tanto saqueo. Una persona que ha declarado que los servicios públicos no son derechos y están sujetos a un valor de mercado, un mercado que él controlaba desde ambos lados del mostrador como empresario y como funcionario nacional.

En todo lo malo que significó el tarifazo, la experiencia ha servido para entender que el Estado también es un productor de sentidos si entendemos que un Estado que gobernó sobre políticas de ajuste pudo legitimar estas acciones, basta con recordar a tantas personas que repetían lo que desde los medios de comunicación se reproducía: “y pagábamos muy poco por la luz”.

Hoy tenemos una mirada distinta desde un gobierno nacional y popular que toma decisiones en función de las necesidades de las mayorías. Pero también es importante situarnos territorialmente y poner en valor decisiones políticas que han surgida desde el gobierno provincial. Exactamente 4 años después del decreto macrista con que daba inicio el tarifazo, un 16 de diciembre pero de 2019, Ricardo Quintela comenzaba un camino de resignificación de las demandas sociales y lo hacía como primera medida desarmando una política emblemática del gobierno macrista como lo fue el tarifazo. El plan de desendeudamiento, la tarifa plana para AUH y jubilaciones mínimas y la suspensión de los cortes de luz daban cuenta de que el oído estaba puesto en el pueblo. Seis días le tomó a Macri decidir por las oligarquías nacionales y transnacionales, seis días le tomó a Ricardo Quintela decidir en función de las necesidades del pueblo.

Estas medidas deben tener un correlato con un reconocimiento a las luchas por una vida digna en las cuales las Multisectoriales de todo el país se organizaron, actuaron, declararon y aún lo siguen haciendo en relación a una idea central, ordenadora y emancipadora: LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON DERECHOS HUMANOS y así deben ser concebidos.

Por El Tala Comunicación Popular

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