Sobre el conflicto entre los trabajadores y el municipio de La Rioja

Ante las reiteradas denuncias públicas vertidas por la intendenta de la capital, Inés Brizuela Y Doria, intentando trasladar un conflicto interno que ella misma generó nombrando personal sin contar con los recursos correspondientes y sumando un nuevo episodio en las últimas horas donde acusa al gobernador por un intento de secuestro de un camión batea del municipio por parte de cuatro sujetos, supuestos empleados municipales, el gobierno de la provincia se ve en la obligación de desmentir categóricamente esas graves e infundadas acusaciones.
 
Las noticias falsas que los medios esgrimen amparándose en las denuncias de una funcionaria pública, son operaciones políticas deliberadas que promueve la intendenta radical-macrista.

Estas operaciones se enmarcan en un conflicto generado por ella misma. El mismo se originó en la previa de las elecciones del pasado 14 de noviembre, cuando decidió firmar los decretos de pases a plata permanente, sin previsión presupuestaria, de  alrededor de 3000  trabajadores del Programa de Empleo Municipal (PEM). Dada esta situación, los mismos empleados iniciaron un plan de lucha que incluye la toma de lugares de trabajo en distintas dependencias, entre estas la base del servicio de recolección de basura.

Curiosamente, para denunciar el hecho del intento de secuestro del camión, Brizuela y Doria aporta un video tomado por los mismos supuestos delincuentes, que serian empleados municipales. En la denuncia mediática aduce que hubo disparos y que se intentó tomar el camión “a punta de pistola”, pero nada de esto se ve en las imágenes que acompañan su descargo, donde incrimina sin ningún tipo de pruebas al Gobierno provincial.    

En sus continuas salidas por los medios, Brizuela y Doria no ha dejado de victimizarse y trasladar la responsabilidad del conflicto al gobernador Quintela, sin mencionar que la decisión firmar masivamente pases a planta del municipio y sin previsión presupuestaria fue ilegal y tampoco mencionar que la decisión fue en el marco de la campaña electoral.

En su momento, días previos a las elecciones, la intendenta orientó a estos mismos trabajadores a llevar a cabo un reclamo que terminó con destrozos en la Residencia de Gobernadores y hasta bloquearon  el ingreso y la salida de la Casa de Gobierno en el Centro de la ciudad, reclamando los fondos de coparticipación. Al parecer la Intendenta desconoce una Ley que se sancionó en la Legislatura local en el año 2015 siendo ella diputada. 

Lo cierto es que estos empleados precarizados, que movilizaron en los días previos a las elecciones contra el oficialismo, hoy le reclaman el pago de los que les prometió. Desde el Gobierno provincial negamos cualquier tipo de participación en la interna municipal y continuamos asegurando la transferencia de recursos al municipio conforme a lo que establece la Ley.

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